La Comisión de Juego lanza una ‘llamada de atención’ sobre el lavado de dinero a los operadores del Reino Unido
La Comisión de Juego del Reino Unido ha emitido una advertencia a los operadores británicos sobre la disminución de los estándares contra el lavado de dinero, criticando específicamente la dependencia excesiva de los sistemas de IA. El regulador destacó que los incumplimientos pasados de las normas AML han resultado en multas significativas, incluyendo sanciones récord de £17 millones para Entain y £19,2 millones para William Hill. Esta declaración sirve como un recordatorio para que los operadores refuercen sus protocolos AML para evitar más acciones de cumplimiento.
Fallas en los sistemas automatizados
Según el organismo regulador, el uso generalizado de inteligencia artificial por parte de las casas de apuestas ha contribuido a un deterioro en la detección de actividades sospechosas. La Comisión señaló que muchos operadores confían demasiado en herramientas automatizadas sin la supervisión humana adecuada, lo que permite que transacciones ilícitas pasen desapercibidas. Este enfoque, advirtió, no reemplaza la necesidad de controles manuales rigurosos y una evaluación constante de los riesgos.
Antecedentes de sanciones millonarias
El llamado de atención se produce después de que la Comisión impusiera sanciones récord a dos de los mayores operadores del Reino Unido. En 2022, Entain fue multada con £17 millones por fallos en sus controles AML, mientras que William Hill recibió una penalización de £19,2 millones por deficiencias similares. Estos casos, según el regulador, demuestran que las consecuencias por incumplimiento pueden ser severas y que los operadores deben priorizar la prevención del lavado de dinero en todas sus operaciones.
La Comisión de Juego ha instado a las empresas a revisar sus políticas actuales y a garantizar que los sistemas de IA se utilicen como un complemento, no como un sustituto, de los procesos de verificación tradicionales. La advertencia busca evitar que se repitan infracciones que podrían poner en riesgo la integridad del sector y exponer a los operadores a nuevas acciones legales.
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